El uso de un pozo para riego construido por las autoridades anteriores, ha dado pie a una alianza entre el Gobierno y la jerarquía de la Iglesia Católica
Un diferendo entre las comunidades de El Granado y Guanarate, en el municipio de Tamayo, por el uso de un pozo para riego construido por las autoridades anteriores, ha dado pie a una alianza entre el Gobierno de Luis Abinader y la jerarquía de la Iglesia Católica, que se han propuesto asfixiar a estas desamparadas comunidades ubicadas en la Sierra de Neiba, provincia Bahoruco.
El IAD, porque les quiere incautar un tractor, y la Iglesia, porque pretende obligarlos a seguir sus reglas para desembolsar los fondos de un programa que desarrolla en esas comunidades.
El 19 de noviembre del 2015, cuando el presidente de entonces, Danilo Medina Sánchez, visitó ese pequeño poblado, acompañado del presidente de Panamá Juan Carlos Valera, le prometió, entre otras cosas, la construcción de dos pozos de regadío, uno para El Granado y otro para Guanarate.
Pero durante el cuatrienio pasado el gobierno sólo terminó la obra de El Granado, y no inició los trabajos del pozo de Guanarate. Ahí vino la divergencia entre las dos comunidades, pues Guanarate quiere usar este pozo en las mismas condiciones que el Granado, cuyos pobladores han rechazado tales términos.
El director general del Instituto Agrario Dominicano (IAD), ingeniero Leonardo Faña, representado por su oficina en la zona y el obispo de Barahona, y monseñor Andrés Napoleón Romero Cárdenas, representado por la Pastoral Social de su Diócesis, han decidido castigar a estos agricultores, sobre todo a los de El Granado.
El gobierno y el IAD lo ha “soltando en banda”, pues se niega incluso a reparar un viejo pozo dañado y tratan de confiscarles un tractor para la preparación de terrenos, porque también fue donado por el presidente Medina durante la visita sorpresa.
La Iglesia suspende el programa
En tanto el obispado decidió retirar toda su ayuda del “Proyecto mejora de la capacidad de producción, comercialización, acceso a recursos financieros e introducción de estrategia de adaptación del cambio climático de familias rurales en cinco provincias de la República Dominicana, desde un enfoque de equidad hombre-mujer”, hasta que “vuelvan a compartir los conocimientos, las buenas prácticas y los recursos que nuestro Señor Jesucristo les ha dado para que todos los utilicen con equidad y de manera racional.”
Las actitudes de estas instituciones frente a estas dos empobrecidas comunidades situadas por debajo de los niveles de pobreza, ha generado una convulsión en esa comarca, que a decir de su gente puede terminar con una “desgracia”, pues las comisiones oficiales cada vez que visitan para para quitarles el tractor, se hacen acompañar de militares con armas de alto calibre.
Para los directivos de la “Asociación de Productores La Progresista con Esperanza de El Granado”, estos hechos son insólitos, primero por la falta de continuidad de las obras del Estado por el Instituto IAD, y segundo, por el obispo de Barahona, que “ha dejado de ser su pastor, para convertirse en verdugo”.
Es una venganza
Juan Críspulo Aquino, presidente de la Asociación; Yefry Mesa Mesa, secretario general; Máximo Matos, tesorero, Saturnino Carvajal, distribuidor del agua, y los miembros Quino Novas y Ramón Mesa, no pueden entender lo que ocurre.
Explican que en la carta donde la Pastoral Social del Obispado de Barahona le s informa que abandona las dos comunidades lo hace como una especie de venganza.
Esa carta además señala que la suspensión de la ayuda no es nada más con los proyectos en ejecución, sino que bloquea nuevos fondos ya aprobados por la agencia de Estados Unidos “Food to Poor” y las futuras cooperaciones de Caritas Dominicana.
“Lo que el obispo decida hacer con su dinero y sus proyectos, ya es una decisión que él tendrá que explicarla a Dios Todopoderoso y a su superior, su eminencia reverendísima Cardenal Francisco Ozoria Acosta, pero el abuso de las autoridades del IAD, debe ser el Presidente de la República Luis Abinader que lo encare”, dice Aquino en representación de los demás dirigentes.
De acuerdo con los comunitarios, las diferencias entre agricultores se resuelven con la construcción del pozo que falta para Guanarate y reparando la electrobomba dañada por falta de un eje y dos casquillos.
Pero según explican, eso no tiene valor para el director del IAD, que está “reagrupando” los tractores donados por el Gobierno anterior, desapoderándolos para beneficiar a terceros.
El martes en la noche se presentó de nuevo un contingente militar encabezado por el comandante de la fortaleza de Neiba, coronel Plinio Díaz, que siempre ha sido amable con los pobladores, para llevarse el tractor, pero la gente lo impidió nuevamente. Incluso, un tractor donado por las autoridades pasadas al Distrito Municipal de Cabeza de Toro y que también está en la lista de incautaciones, fue llevado por la gente a El Granado, “para que si se lo quieren llevar que se lo lleven juntos, pero tendrán que fusilar a estos tres pueblos indefensos”.
Habla la senadora
El conflicto ya fue planteado a la senadora por la provincia de Bahoruco, Melania Salvador, que le dijo a los productores que ya visitó al ingeniero Faña, director del IAD. Según ella, el funcionario le dijo que estaban incautando este y otros tractores, porque el Gobierno anterior sólo les dejó papeles y que los equipos estaban en manos de las comunidades y que todo lo que estaba a nombre de la institución tiene que regresar a sus oficinas.
Este tema ha permitido que las comunidades de El Granado y Guanarate, a pesar de sus diferencias con el uso del pozo, se unan para defender su tractor, situación demostrada la noche del martes cuando ambos pueblos se juntaron para rechazar a quienes definen como sus persecutores.
Tomado de El Caribe.com
