Esta ley tiene por objeto impulsar la celeridad y eficiencia en los procesos de instrucción y los derechos fundamentales de las personas con la creación de nuevas salas de instrucción en el distrito judicial de Barahona.
Será de aplicación específica en la provincia de Barahona, con la creación de juzgados de instrucción.
En el distrito judicial de Barahona funcionarán de dos y hasta cinco juzgados de instrucción, los que realizarán las sumarias de los casos que les sean remitidos en virtud del procedimiento instituido por las leyes.
El funcionamiento de los juzgados de instrucción del Distrito Judicial de Barahona se hará conforme a lo establecido en las leyes sobre la materia.
Indica que la Suprema Corte de Justicia (SCJ)M pondrá la puesta en funcionamiento de los juzgados de instrucción correspondientes, según la necesidad en la administración de justicia del distrito judicial de Barahona.
La Suprema Corte de Justicia y el Consejo del Poder Judicial quedarían encargados de la aplicación de esta ley.
Eatablece que los recursos económicos para la ejecución de esta ley, serán consignados en el Presupuesto de la Suprema Corte de Justicia, a partir de los consignados en la Ley de Presupuesto General del Estado.
En su artículo 8 esta ley dice que entra en vigencia a partir de la fecha de su promulgación y publicación, según lo establecido en la Constitución de la República y transcurridos los plazos fijados en el Código Civil de la República Dominicana.
Argumenta que la provincia de Barahona en la actualidad posee un exponencial crecimiento demográfico.
Según las proyecciones de la Oficina Nacional de Estadística al 2020, en la actualidad la provincia de Barahona alcanzaó los 200 mil habitantes, diseminados en los once municipios que la integran, donde una mayor concentración está en esta ciudad.
El proyecto manifiesta que a partir de los datos aportados, en la provincia Barahona se generan unos trece mil cuatrocientos cuarenta hechos delictivos de diversa naturaleza cada año.
Esto implica que el sistema de justicia debe operar de forma constante y a capacidad, para poder solucionar la problemática de procesos judiciales que a diario se presentan en el distrito judicial.
